Por: Dr. Víctor Manuel Reynoso Angulo, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP
El
federalismo tiene una doble lógica: las entidades que integran el pacto federal
ceden soberanía
y mantienen
soberanía. Si nada cedieran, si fueran totalmente soberanas, no habría pacto
federal: serían naciones autónomas. Si todo lo cedieran, tampoco habría
federación, sino un Estado centralista. Hay cuestiones que nadie discute en que
las entidades mexicanas han cedido sus derechos a la federación: la moneda, el
ejército nacional, las garantías individuales constitucionales.
Hasta
ridículo suena plantear que algún estado, argumentando el federalismo,
eliminara el peso como moneda y creara la suya propia. O que expulsara al
ejército mexicano para crear uno propio. O que anulara las garantías
constitucionales que le diera la gana anular. En el extremo opuesto, que el
presidente de la República designara a los gobernadores, diputados locales y
presidentes municipales sería igual de ridículo en una federación.
Esta
doble lógica del federalismo hace que “federalizar” sea un verbo ambiguo: puede
ser descentralizar funciones a favor de las partes de la federación, pero puede
ser también centralizarlas a favor del todo federal.
La
creación de un organismo que organice desde el centro del país las elecciones
locales está en un lugar intermedio respecto a los ejemplos mencionados. No es
claro que deba ser una prerrogativa de las entidades, ni que deba serlo de la
federación. El pacto federal puede admitir las dos posibilidades.
¿De
qué depende? De lo que se decida en cada periodo determinado, a partir de las
circunstancias, argumentos, intereses y fuerzas políticas. ¿Qué convendría más
ahora para el interés público del país?
Hay
que recordar que la transición política mexicana, así como resolvió importantes
problemas, dio lugar a otros nuevos. Uno de ellos es el de los autoritarismos
locales. Mientras que para el gobierno federal se crearon o dinamizaron
diversos mecanismos de rendición de cuentas (poderes legislativo y judicial,
prensa autónoma, IFAI) no sucedió lo mismo con los gobiernos de los estados.
Éstos se liberaron de la dependencia que durante en el sistema hegemónico tuvieron
de la presidencia de la república (que designaba y retiraba gobernadores) pero
no tienen mecanismos eficaces que les obliguen a rendir cuentas.
Esta
nueva autonomía autoritaria, clara en casos como los de los gobernadores Mario
Marín de Puebla y Ulises Ruiz de Oaxaca, es el contexto en el que se propone la
“federalización” de las elecciones. Federalización en el sentido de
centralizar. Hay que acotar el poder de los gobiernos estatales, según esta
argumentación.
Otro
argumento a favor del INE es la capacidad técnica de la federación, mayor que
la de los estados. Ciertamente esta capacidad varía mucho entre las distintas
entidades. En el Distrito Federal es bastante buena, por lo que quienes tienen
en mente al Instituto Electoral de esta entidad les es difícil aceptar el
argumento del INE: han tenido un instituto local que ha funcionado. Pero en
otros estados la situación es muy distinta.
Se
puede comprobar analizando las páginas de internet de los distintos institutos.
El IFE presenta ya los resultaos electorales por casilla de todas las
elecciones realizadas. No es el caso de todos los institutos locales. Algunos
han incluso incumplido la obligación legal de publicar una memoria del proceso
electoral.
Hay
otros argumentos a favor del INE. Ya habrá oportunidad de comentarlos.
