Por Dr. Víctor Manuel Reynoso Angulo
Profesor e investigador de tiempo completo
de la Universidad de las Américas Puebla UDLAP
La Quina
fue encarcelado acusado de acopio de armas y homicidio en primer grado. Pocos
creyeron que fuera cierto. Pero no importó: se encarceló a un líder petrolero
muy poco popular y el presidente Carlos
Salinas logró lo que buscaba: adquirir legitimidad en ejercicio ante la opinión
pública y deshacerse de un enemigo político.
Peña Nieto logra lo mismo. Pero tiene que armar un detallado y bien sustentado expediente
jurídico. Respeta además los derechos humanos de la víctima, al cuidarse de
publicar fotografías de su detención. Se sabe que el poder judicial podría
echar para atrás la detención si no tiene sustento jurídico. Le pasó ya a
Felipe Calderón con Jorge Hank Rohn y al mismo presidente con Florence Cassez.
Aunque
haya todavía mucho que cambiar en los medios de comunicación y en la
impartición de justicia, ambos ya no son lo que eran hace 24 años. La libertad
de prensa y la pluralidad de medios es hoy notablemente mayor que la de
entonces. Llama la atención sobre todo los medios electrónicos, en particular
la llamada televisión de paga y la radio. El
poder judicial, con una importante agenda pendiente, insisto, ya no es un
instrumento dócil en manos del ejecutivo.
Los sindicatos hoy
Pero de
la comparación de los dos casos también surge con claridad que en algunas
cuestiones el país no ha cambiado. Los grandes sindicatos siguen siendo poderes
fácticos. Organizaciones que nacieron con el noble papel, a veces heroico, de
defender los intereses de los trabajadores, hoy parecen ser más bien
instrumentos de control político y medios para creación de una plutocracia.
Los
grandes sindicatos aparecen hoy como entes conservadores, creadores de
privilegios ilegítimos, obstáculos para reformas necesarias para el progreso
del país.
Sin temor
al ridículo o a la ofensa social, sus líderes caen en actitudes grotescas. Los
gastos de Elba Esther en tiendas de lujo alcanzan, según la versión oficial
hecha pública el día de su detención, cantidades difíciles de imaginar y
ofensivas para sus sindicalizados y para el país.
¿Política de Estado?
Se ha dicho que otra de las razones para el encarcelamiento de la
maestra está en que se oponía la reforma educativa. Que a eso iba a la reunión
del Sindicato en Guadalajara. De ser cierto, hay una justificación política en
la acción del gobierno de Peña. Pero por lo mismo la legitimidad no puede
quedarse ahí: tendrá que ir hasta la realización de una reforma educativa con
frutos razonables pero claros, que demuestre que detrás de la detención de Elba
Esther hubo no solo malicia política, sangre fría y pericia jurídica, sino una
política de Estado.
