miércoles, 24 de octubre de 2012

La glocalización: importancia para una industria más competitiva


En medio de una sociedad el conocimiento diversa, el valor social, contibuye al crecimiento de las empresas con un mayor bienestar social: como lo hacen las Empresas Socialmente Responsables [ESR]

Juan Pablo Bueno Hernández
Estudiante de Ingeniería por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Nuestro mundo está cambiando. Sin embargo, la historia nos demuestra que siempre ha estado en un constante proceso de evolución. Prueba de ello son los avances en las distintas áreas del saber, y de forma muy específica, de la ingeniería, pues la tecnología marca una pauta en la vida de las personas. ¿Quién podría imaginarse un mundo sin televisión, sin celulares o sin computadoras? Pero para hacer estos inventos, sus creadores tuvieron que basarse en el trabajo de otros. Es decir, ¿cómo concebir una lavadora o un refrigerador que no use electricidad? ¿Qué sería de un automóvil sin los componentes mecánicos, cuyo funcionamiento está calculado a través de la física clásica de Newton? Por eso, podemos hablar de que la tecnología evoluciona.

Y es que el conocimiento no es exclusivo, pues hasta las patentes tienen fecha de caducidad. De este modo, lo que se inventa en China puede ser usado y mejorado en cualquier otra parte del mundo. Esto nos lleva necesariamente a hablar del concepto denominado globalización, que la RAE define como “tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”.

Partiendo de esta definición, nos damos cuenta que las “fronteras nacionales” no son más que un paso más. Un claro ejemplo es el internet, qué más allá de líneas fronterizas, permite la comunicación entre diferentes partes del mundo en tiempo real, y pone a nuestra disposición la misma información para todos. De este modo, se puede acceder a información en árabe, inglés o francés; a la página de la Secretaría de Gobernación de México o a la del Ayuntamiento de Madrid sin ninguna dificultad.

Ahora imaginemos la misma situación, pero en un ámbito empresarial. Las empresas transnacionales trabajan en más de un país, como Volkswagen, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo se rige la relación entre la planta de China de Volkwagen y la de México?, ¿se vende exactamente el mismo producto tanto en un país como en otro?, ¿cómo saberlo?, ¿cómo plantearse objetivos comunes como empresa, y objetivos particulares, según los requerimientos del cliente final?

Ninguna de estas preguntas tendría respuesta si no es con relación a la globalización. De este modo, las empresas encuentran las exigencias propias de cada lugar, los lugares más óptimos para producir cierta línea de sus productos, y establecen la estrategia de ventas apropiada a cada cultura.

Por otra parte, no se puede dejar de lado la serie de fenómenos que afectan a una gran cantidad de mercados a nivel mundial, como crisis económicas, desastres naturales, cambios en cuestiones legislativas de un país… Lo político afecta a lo económico, y lo económico a lo ambiental, que a su vez involucra la parte científica, que a su vez requiere fondos gestionados en un ámbito político, que a su vez tiene injerencia en lo ambiental… Tanto por disciplinas como por países se ven afectados por la globalización.

Ahora bien, sabemos que en un país y en otro las demandas referentes a un mismo producto pueden ser diferentes, por lo que las empresas tienen la necesidad de adaptarse, de innovar según los requerimientos específicos de cada lugar. Aunque este tema es vastamente abordado por muchos autores, merece mención especial un término, utilizado por Carlota Pérez (1992) [1], que es el de la “glocalización”, que se refiere al enfoque global, pero a la vez local, esto es, un enfoque flexible. Esto es, que un producto determinado no solo cumpla de forma escueta con su función, sino que tenga algo más. Y ese “algo más”, no solo es en cuestiones técnicas.

Ante esta flexibilidad, surge la imperante necesidad de fomentar un flujo libre de información, no sólo por inercia, sino también para compartir elementos necesarios para hacer posible dicha flexibilidad, que además implica la colaboración cada vez mayor una mayor variedad de áreas del conocimiento, más allá de las típicamente “tecnológicas”, como la ingeniería. Y es que, como dice Jim Austin [2], “para crecer en nuevos mercados, las empresas primero deben aportar al bienestar de la sociedad”, pues el valor social “contribuye al crecimiento económico de las empresas”. De modo que, a mayor bienestar social aportado, mayor competitividad.

Todo lo anterior implica, de cierto modo, un compromiso de parte del cliente también, pues en la medida que éste demande productos de calidad, que no perjudiquen al ambiente y que contribuyan a la mejora de la sociedad, las empresas serán cada vez más responsables, tanto en su manejo interno como en su resultado final. Basta con ver los ejemplos de compañías con el distintivo Empresa Socialmente Responsable. ¿Qué tan conveniente es ser responsable para ser competitivo? Juzguemos por lo que vemos.




Acosta, León, (2012) “Problems, Solutions and Opportunities in Global Enterprises”, UDLAP

miércoles, 10 de octubre de 2012

Situación del outsourcing en México


Humberto Jara Uribe

Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Una de las razones por las que queremos un país competitivo es provocar mejoría en la calidad y los precios de bienes y servicios. Tanto en el sector público como privado, la búsqueda y perfeccionamiento de los valores de eficiencia y eficacia puede dirigirnos a un campo práctico que es la competitividad. En un medio de competitividad la especialización es importante y permite la eficiencia y eficacia de los recursos. Debido a que la división del trabajo en las organizaciones obedece a una simple regla terrenal de la condición humana: nadie puede hacerlo todo. El tiempo y las condiciones, tanto físicas como de conocimiento, son reglas inquebrantables en las organizaciones.  Es así que una de las ventajas de la especialización y recurrir a expertos, bajo la lógica de la división del trabajo, sostiene empresas e industrias de todos los rubros en la economía política actual.  
La división de trabajo entre distintas organizaciones es una forma de comprender la práctica del outsourcing, conocido también como subcontratación. En este año 2012, en México se ha planteado una reforma laboral que permita la flexibilidad necesaria para la creación de nuevos empleos. Lo anterior resume el propósito por parte de distintos actores de la iniciativa privada y pública. Sin embargo, tal parece que el término, quizá como consecuencia de su traducción al español, ha traído dudas y miedos para con los derechos de los trabajadores. Es así que en medios de comunicación, incluyendo redes sociales, medios noticiosos, grupos sindicales y partidos políticos se han mostrado en contra sin ofrecer argumentos. Si alguno existe se basa en conjuros y prejuicios de temer un México con menos derechos. Por lo tanto, grupos sindicales, en general, temen la pérdida del contrato colectivo. De forma que todo esto se ha reflejado en el consenso general de la necesidad de regular la dinámica del outsourcing.    

Formas de Outsourcing

Sin duda la subcontratación debe regularse. Para acercarse conceptualmente al término, Ermida y Colotuzzo hacen una distinción jerárquica que coloca los siguientes términos por orden descendente y comprensión amplia: descentralización, tercerización y subcontratación.[1] Cabe mencionar que en la iniciativa pública la descentralización es una alternativa para mejorar los servicios y acercarse a la población con un enfoque de atención al cliente. En algunos casos, los gobiernos locales o estatales no tienen los recursos para ofrecer servicios públicos debido a que no tienen la experiencia técnica ni la infraestructura. La inversión necesaria para generar la empresa que entregue un servicio a la ciudadanía puede ser muy costosa. En este caso, la subcontratación en los gobiernos facilita la entrega de muchos servicios; un ejemplo clásico es el servicio de gestión de desechos sólidos o basura. De modo que la tercerización no está tan lejos de nuestra realidad y sus trabajadores o ciudadanos siempre pueden comprobar sus ventajas, sea en eficiencia o eficacia.

Un posible Consejo Ciudadano, podría dar información al ciudadano y
rendirle cuentas sobre la regulación de esta políticas.

Una propuesta, esperemos no esté tan lejos de nuestra realidad, es alcanzar niveles de rendición de cuentas hacia la ciudadanía con los servicios de un tercero de la iniciativa privada. Si bien la rendición de cuentas y transparencia se queda en un plano gris con simples cifras o en el plano político por medio de organizaciones ciudadanas y voto; la ciudadanía puede ser informada por parte de un tercero sobre los resultados de las políticas públicas y los costos de la administración en turno.      
Segundo, buscar la distinción de responsabilidades entre actores será muy importante y valorable de desarrollarse una reforma laboral acorde al tiempo de comercio global que vivimos. Debido a que no hay un consenso unitario en la definición del término y que cruza entre la delgada línea del comercio internacional.[2] El Outsourcing debe ser regulado con la intención de involucrar nuevos empleos en la economía formal. Es importante aclarar que la tercerización puede ser a nivel local como internacional.  
En la actualidad la poca cantidad de jóvenes que terminan un grado superior indudablemente desarrollarán ideas y proyectos. Un ambiente de generar negocios, aplicar ideas e innovar se está gestando en México. Esto lo podemos ver simplemente cuando el acceso al mundo de la información quiebra comportamientos indiferentes y genera una inquietud de realizar.

[1] Oscar Ermida Uriarte y Natalia Colotuzzo, “Descentralización, tercerización y subcontratación” (2009 [citado el 29 de septiembre de 2012] Oficina Internacional del Trabajo), pág. 9. Disponible en http://white.oit.org.pe/proyectoactrav/pry_rla_06_m03_spa/publicaciones/documentos/estudio_descentralizacion_tercerizacion_subcontratacion.pdf
[2] Mary Amiti y Shang –Jin Wei, “Fear of service outsourcing: is it justified?”  Economic Policy (Abril 2005 [citado el 29 de septiembre de 2012] Gran Bretaña: International Monetary Fund Research Deparment y CEPR y NBER), pág. 313. Disponible en  http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/35333668.pdf pág. 313.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Austeridad en tiempos de bajo crecimiento: la transparencia fiscal y capacidades institucionales


Por Mariela Tovar Lorenzo

Candidata a Maestra en Administración pública por la Universidad Anáhuac Norte. Actualmente es diputada federal suplente por el VI distrito electoral de Papantla, Ver., y  colabora en la Comisión de Hacienda en Cámara de Senadores.


El 01 de septiembre el presidente Felipe Calderón envío dos iniciativas preferentes: una sobre la reforma laboral a Cámara de Diputados y la segunda  a Cámara de Senadores, esta última para  reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en este espacio se tratará de dos temas importantes al respecto que son vinculantes; por un lado la deuda de los Estados, que han puesto a estos en graves problemas financieros  y por otro la transparencia en el uso de los recursos por parte de los gobiernos estatales, lo cual trata la iniciativa preferente antes referida.
Si bien México es una República Federal, las entidades federativas dependen del gobierno central en un 80% de los recursos públicos para su funcionamiento así como los gobiernos municipales, esto debido a que el gobierno federal recauda la mayoría de los impuestos como el IVA, el IETU, IDE, entre otros; los gobiernos municipales por ejemplo solo recaudan lo generado por el pago del  predial, lo que coloca a estos en un marco de dependencia del gobierno central.
El gran problema que presentan actualmente las entidades federativas es el grado de endeudamiento, según datos de la Secretaría de Hacienda, los estados y municipios en el país han incrementado durante los primeros tres meses del año en curso en 473 millones de dólares en deuda; al segundo trimestre del año 2012, el reporte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sobre las Obligaciones Financieras de Estados y Municipios indican que los estados con mayor deuda son: el Distrito Federal con 54,866.5 millones de pesos, seguida de Nuevo León con 40,008.5, el Estado de México con 38,307.1, Coahuila con 36,499.6 y Veracruz con 31,815.8 millones de pesos, encendiendo un foco rojo para la salud financiera de estos Estados, lo que obliga a transparentar el uso de los recursos públicos.
Si bien cuentan con un marco regulatorio para contraer deuda -  como es el caso del Estado de Coahuila, que en el 2011 por decreto se publicó la Ley sobre deuda pública para el Estado de Coahuila -  los ciudadanos poco conocemos sobre ¿cómo? Y ¿en qué? se gastan el dinero de nuestros impuestos los gobiernos estatales, aunque es su obligación enviar la información financiera a los congreso del estado, no es un asunto central el dar a detalle la información y mucho menos hacer discusiones públicas con sectores como los académicos o empresariales los informes de ingreso y gasto.
La iniciativa que ya se dictaminó y aprobó en Cámara de Senadores, y que ahora tendrá que discutirse en la de Diputados, es un avance en cuanto a lograr una mayor transparencia en los gobiernos estatales y municipales, el objetivo de la reforma es transparentar el gasto público en todos los órdenes de gobiernos, busca principalmente que la información financiera sea presentada a la sociedad en general de manera más clara y sencilla,  es un paso en el marco regulatorio que obligará a las instituciones fiscales de los estados a presentar con exactitud y claridad sus informes.
Lo anterior también  implica que los gobiernos tanto estatales y municipales exista las condiciones suficientes para poder llevarlo a cabo, es decir, que cuenten con las estructuras elementales para poder hacerlo, los estados tendrán que actualizar su marco jurídico en materia fiscal y presupuestal, presentar sus leyes de ingreso y gasto, pero también tendrán que contar con una ley que determine los procedimientos para la contratación de deuda, pero sobre todo mejorar la secretaría de finanzas del estado la cual tendrá que tender puentes con los gobiernos municipales sobre todo aquellos de tipo rural, ya que tendrán la misma obligación que los demás.

Esto es de suma importancia ya que los municipios rurales y semirurales cuentan en su gran mayoría con capacidades administrativas poco eficaces e inclusive poco profesionales, los gobiernos estatales se enfrentarán a la tarea de orientar y en su caso dotar de la infraestructura administrativa básica que permita a estos municipios cumplir cabalmente con la ley.
El gran reto es que desde el marco regulatorio se promueva  una cultura de la transparencia y una cultura ciudadana de acceder a las páginas de internet donde será publicada la información desde que inicia el proceso presupuestario hasta la rendición de cuentas, a través de este mecanismo los ciudadanos podremos saber de una manera más sencilla en qué y dónde se están aplicando los recursos, pero sobre todo que los estados y municipios tendrán que desarrollar capacidades institucionales, desde el perfil de los funcionarios en el área financiera y hacendaria para ambos niveles de gobierno hasta que los municipios tengan una verdadera planeación y actualización de reglamentos en la materia, así como contar - sobre todo en el caso de los municipios no urbanos – con áreas administrativas profesionales.   

La práctica de la aplicación de esta ley – de ser aprobada en sus términos por Cámara de Diputados – nos dirá si con un marco normativo actualizado se podrán obtener los resultados deseados al menos en la transparencia y cuyo efecto sea el que las autoridades  tengan  un manejo responsable de los recursos públicos y  a obligar a desarrollar capacidades institucionales que permitan la eficiencia del uso de los recursos públicos al grado de llevarnos a un siguiente paso: la descentralización fiscal, aunque esta cueste un poco más de tiempo y sea de manera gradual.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "Obligaciones Financieras de Estados y Municipios", Presidencia de la República México (2006 - 2012).