Por Mariela Tovar Lorenzo
Candidata a Maestra en Administración pública por la Universidad Anáhuac Norte. Actualmente es diputada federal suplente por el VI distrito electoral de Papantla, Ver., y colabora en la Comisión de Hacienda en Cámara de Senadores.
El 01 de septiembre el presidente Felipe Calderón envío dos iniciativas preferentes: una sobre la reforma laboral a Cámara de Diputados y la segunda a Cámara de Senadores, esta última para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en este espacio se tratará de dos temas importantes al respecto que son vinculantes; por un lado la deuda de los Estados, que han puesto a estos en graves problemas financieros y por otro la transparencia en el uso de los recursos por parte de los gobiernos estatales, lo cual trata la iniciativa preferente antes referida.
Si bien México es una República Federal, las entidades federativas dependen del gobierno central en un 80% de los recursos públicos para su funcionamiento así como los gobiernos municipales, esto debido a que el gobierno federal recauda la mayoría de los impuestos como el IVA, el IETU, IDE, entre otros; los gobiernos municipales por ejemplo solo recaudan lo generado por el pago del predial, lo que coloca a estos en un marco de dependencia del gobierno central.
El gran problema que presentan actualmente las entidades federativas es el grado de endeudamiento, según datos de la Secretaría de Hacienda, los estados y municipios en el país han incrementado durante los primeros tres meses del año en curso en 473 millones de dólares en deuda; al segundo trimestre del año 2012, el reporte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sobre las Obligaciones Financieras de Estados y Municipios indican que los estados con mayor deuda son: el Distrito Federal con 54,866.5 millones de pesos, seguida de Nuevo León con 40,008.5, el Estado de México con 38,307.1, Coahuila con 36,499.6 y Veracruz con 31,815.8 millones de pesos, encendiendo un foco rojo para la salud financiera de estos Estados, lo que obliga a transparentar el uso de los recursos públicos.
Si bien cuentan con un marco regulatorio para contraer deuda - como es el caso del Estado de Coahuila, que en el 2011 por decreto se publicó la Ley sobre deuda pública para el Estado de Coahuila - los ciudadanos poco conocemos sobre ¿cómo? Y ¿en qué? se gastan el dinero de nuestros impuestos los gobiernos estatales, aunque es su obligación enviar la información financiera a los congreso del estado, no es un asunto central el dar a detalle la información y mucho menos hacer discusiones públicas con sectores como los académicos o empresariales los informes de ingreso y gasto.
La iniciativa que ya se dictaminó y aprobó en Cámara de Senadores, y que ahora tendrá que discutirse en la de Diputados, es un avance en cuanto a lograr una mayor transparencia en los gobiernos estatales y municipales, el objetivo de la reforma es transparentar el gasto público en todos los órdenes de gobiernos, busca principalmente que la información financiera sea presentada a la sociedad en general de manera más clara y sencilla, es un paso en el marco regulatorio que obligará a las instituciones fiscales de los estados a presentar con exactitud y claridad sus informes.
Lo anterior también implica que los gobiernos tanto estatales y municipales exista las condiciones suficientes para poder llevarlo a cabo, es decir, que cuenten con las estructuras elementales para poder hacerlo, los estados tendrán que actualizar su marco jurídico en materia fiscal y presupuestal, presentar sus leyes de ingreso y gasto, pero también tendrán que contar con una ley que determine los procedimientos para la contratación de deuda, pero sobre todo mejorar la secretaría de finanzas del estado la cual tendrá que tender puentes con los gobiernos municipales sobre todo aquellos de tipo rural, ya que tendrán la misma obligación que los demás.
Esto es de suma importancia ya que los municipios rurales y semirurales cuentan en su gran mayoría con capacidades administrativas poco eficaces e inclusive poco profesionales, los gobiernos estatales se enfrentarán a la tarea de orientar y en su caso dotar de la infraestructura administrativa básica que permita a estos municipios cumplir cabalmente con la ley.
El gran reto es que desde el marco regulatorio se promueva una cultura de la transparencia y una cultura ciudadana de acceder a las páginas de internet donde será publicada la información desde que inicia el proceso presupuestario hasta la rendición de cuentas, a través de este mecanismo los ciudadanos podremos saber de una manera más sencilla en qué y dónde se están aplicando los recursos, pero sobre todo que los estados y municipios tendrán que desarrollar capacidades institucionales, desde el perfil de los funcionarios en el área financiera y hacendaria para ambos niveles de gobierno hasta que los municipios tengan una verdadera planeación y actualización de reglamentos en la materia, así como contar - sobre todo en el caso de los municipios no urbanos – con áreas administrativas profesionales.
La práctica de la aplicación de esta ley – de ser aprobada en sus términos por Cámara de Diputados – nos dirá si con un marco normativo actualizado se podrán obtener los resultados deseados al menos en la transparencia y cuyo efecto sea el que las autoridades tengan un manejo responsable de los recursos públicos y a obligar a desarrollar capacidades institucionales que permitan la eficiencia del uso de los recursos públicos al grado de llevarnos a un siguiente paso: la descentralización fiscal, aunque esta cueste un poco más de tiempo y sea de manera gradual.
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "Obligaciones Financieras de Estados y Municipios", Presidencia de la República México (2006 - 2012).
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "Obligaciones Financieras de Estados y Municipios", Presidencia de la República México (2006 - 2012).
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