Por:
Dr. Víctor Manuel Reynoso
Angulo
Profesor
e investigador de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Dos
posiciones extremas enmarcan el debate de la reforma energética: la que
identifica propiedad estatal con interés público y la que considera que el
mercado y la propiedad privada son la única solución para la producción y
el consumo de energía en nuestro país.
La
primera, considerar que todo bien público debe ser propiedad estatal y que toda
propiedad estatal es un bien público, es bien conocida y al parecer dominante
en nuestro país. Lo público es lo que concierne a todos, lo que se refiere al interés de todos (cómo se define, en
cada caso “todos” es un asunto
ciertamente complejo). La asociación de lo público con el Estado es en
cierto sentido evidente, o más bien, se da por definición: el Estado es el
conjunto de instituciones en el que se toman las decisiones concernientes a
todos, al interés público.
Lo
curioso es que no siempre es así. O que con frecuencia no es así: los bienes y
las funciones estatales son usados cotidianamente para satisfacer intereses
privados. Y no solo es el caso de la corrupción (una de cuyas definiciones es
precisamente esa: el uso los bienes públicos, estatales podríamos decir, para
beneficios privados), sino aún cuando técnicamente no es posible hablar de
corrupción.
Sucede
con las empresas de propiedad estatal, también llamadas “públicas” (habría que
matizar este adjetivo a partir de lo dicho). Como no compiten en el mercado,
bien porque son monopolios o porque tienen un subsidio estatal, pueden darse el
lujo de la ineficiencia. Ésta adquiere muchas formas, desde diseños
administrativos obsoletos y nocivos, hasta la contratación de personal
innecesario y el incremento de prestaciones sin correspondencia con las
ganancias de la empresa. Los objetivos de la empresa se transforman: zona ahora
la misma empresa y sus integrantes, ya no los bienes públicos que debiera
generar.
Era
el caso de la extinta Compañía de Luz y
Fuerza del Centro. Técnicamente era una empresa “pública”. Pero generó más males que bienes públicos.
Requería un subsidio enorme para poder funcionar, y su servicio era
excesivamente caro. Generó bienes privados: los líderes sindicales se
enriquecieron y los altos funcionarios tenían buenos ingresos.
¿Tiene
sentido defender la propiedad estatal de
una empresa así? No, desde el punto de vista del interés público. Sí desde
intereses particulares. La reforma energética debe considerar cuál es la
forma de propiedad de las empresas que producen y distribuyen energía más
adecuada para el interés público de la nación. Es un simplismo considerar que
propiedad estatal e interés público son sinónimos, o que coinciden, o que no
llegan a entrar en abierta contradicción en algunos casos.
En
el otro extremo está el riesgo de que la riqueza energética del país sea
apropiada por intereses particulares, de empresas nacionales o extranjeros. Una
cosa es que haya inversión que genere ganancias legítimas, y otra es que haya
formas ilegítimas de apropiación o saqueo. O de que de un monopolio estatal se
pase a un semimonopolio privado, como en el caso la telefonía. Lo que también
sacrificaría el interés público, al tener empresas ineficientes con ganancias
desproporcionadas a los bienes que generan.
La
buena solución para PEMEX, para la Comisión Federal de Electricidad y para todo
lo que tenga que ver con energía (¿son el viento y el sol patrimonio de la
nación, o propiedad particular del dueño de donde caigan?) no es fácil. Sí son
fáciles las soluciones equivocadas: monopolios estatales o privados,
ineficiencia, incentivos a la corrupción. Esperemos que la polémica de los
legisladores vaya más allá de los estereotipos, de los papeles prefijados, de
las ideas que han dejado de ser ideas porque han dejado de ser pensadas.
